Diego Díaz
El pasado mes de julio el Pozu Espinos de Turón reabría como restaurante en el marco del programa Bocamina impulsado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Mieres. El chef Marcos Cienfuegos, hijo, nieto y bisnieto de mineros de este valle de tradición comunista, era el encargado de conducir un showcooking con platos tan sugerentes como una merluza rellena de calamar con vermú de sidra, espuma de faba y teja de berza, o un lingote de cordero glaseado en su propia salsa con crema de coliflor tostada, gel de menta y esponja de maíz. No faltaron tampoco en el menú guiños a la historia del lugar, como un curioso trampantojo del barrenu de dinamita minero, hecho con tempura de langostino y mahonesa de chile. En las redes sociales los likes fueron abundantes, pero también arreciaron las críticas de quienes consideraban una frivolidad escoger el marco de un castillete minero para organizar una velada de alta cocina a 35 euros el cubierto. Desde el área de cultura y turismo, el concejal responsable, Juan Ponte, defendía la apuesta por llevar la gastronomía de autor a este singular pozo, y señalaba que se equivocaban quienes creían que Mieres iba a apostar por un nuevo museo de la minería: “No queremos una gestión nostálgica del patrimonio minero”. Para Ponte, que desde su concejalía está impulsando nuevos usos para el patrimonio minero mierense resulta necesario superar la visión del patrimonio como algo exclusivamente museístico. Por eso, para el Pozo Santa Bárbara, recuperado para el concejo tras una larga y compleja negociación con el Estado, el edil ya ha adelantado que “no puede ser un espacio estático al que vas una vez y no vuelves porque ya te lo ha dicho todo”.

Santa Bárbara reabrirá este otoño como centro cultural y edificio de usos múltiples. La explotación, activa desde 1914 hasta 1995, se convirtió en 2010 en la primera explotación minera en ser declarada Bien de Interés Cultural en Asturias, la máxima protección legal existente en la legislación española para el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. Es decir, la misma categoría de la Catedral de Oviedo o el prerrománico asturiano. Recuperar el pozo fue un empeño de la Plataforma Juvenil de Turón, fundada en 1996 por jóvenes del valle, cuando casi nadie valoraba el patrimonio minero. Ahora, tras 11 años de idas y venidas, Santa Bárbara pretende ser la gran apuesta cultural y turística de Mieres para esta década. Todo ello en el marco de la vía verde del valle de Turón, una senda peatonal y ciclable que recorre a través de la antigua trinchera del ferrocarril minero varias explotaciones de un espacio que forma parte del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. La Vía, que puede visitarse con guías turísticos, y que cuenta con dos centros de interpretación, abundantes paneles informativos y un lugar de memoria ligado a la represión franquista, el Pozu Fortuna, pretende ser una suerte de museo al aire libre que integraría naturaleza, industria y poblaciones mineras, quizá el elemento menos valorado social y culturalmente hasta la fecha, y que en 2013 fue objeto de una antológica exposición en Laboral Centro de Arte: “Aprendiendo de las cuencas. Investigación sobre el paisaje cultural de las Cuencas Mineras asturianas”. Un trabajo de Sara López Arraiza y Nacho Ruiz Allén que invitaba a dejarse sorprender y mirar de otra forma la excepcionalidad y singularidad de un paisaje “tradicionalmente denostado, en gran medida debido a su carácter desestructurado y vulgar”.

La declaración por primera vez como BIC de un pozo minero asturiano en una fecha tan reciente como 2010 resulta significativo del tiempo que han tardado la sociedad española y asturiana, así como las administraciones públicas en reconocer el valor del patrimonio industrial. España llega relativamente tarde con respecto a otros países europeos en cuanto a la creación de museos de la minería, si bien en apenas dos décadas ha puesto en marcha una densa red de espacios museísticos en todas las regiones en las que ha existido una tradición minera. Dentro de esa red Asturias cuenta con tres importantes museos. En 1994 se inauguró el pionero Museo de la Minería y la Industria de Asturias, uno de los más visitados de la región, en 2013 los de Arnao y el valle de Samuño, y en 2014 el Pozu Sotón se reconvirtió en atracción turística. Asimismo la declaración en 2017 como BIC del poblado minero de Bustiello, de 1890, uno de los grandes ejemplos del paternalismo industrial asturiano, incorporó la vivienda obrera a esta red de museos y lugares de memoria. Importantes hitos en la gestión del patrimonio minero que contrastan con el completo abandono de muchas antiguas explotaciones mineras, algunas de ellas tan emblemáticas como las de La Camocha, Olloniego o el Pozu Mosquitera, o de otros edificios ligados a esta historia, como el Sanatorio de Bustiello, para el que el movimiento vecinal reclama su rehabilitación y nuevos usos, precisamente ligados a los cuidados y la salud.

Si bien algunas antiguas minas se han integrado en la trama urbana, como en el caso del Pozu Barredo de Mieres, anexo al Campus Universitario, y del que se conservaron algunos elementos concretos, la dispersión de buena parte de las explotaciones mineras asturianas, muchas de ellas en zonas rurales, muy alejadas de los espacios de desarrollo urbanístico, ha sido a la vez una bendición y una maldición para la conservación de una arquitectura que es tan emblemática del paisaje asturiano como los hórreos o las paneras. Si bien la escasa presión inmobiliaria en zonas rurales sin escaso atractivo para las inversiones de los promotores ha desincentivado el interés por derribar estas infraestructuras, su lejanía de las poblaciones ha supuesto muchas veces un olvido de estos espacios, convertidos en ruinas con las que nadie sabe muy bien qué hacer.

La creciente valoración social del patrimonio minero, a la par que la sensación de que no todo puede ser reconvertido en museo en Asturias, ha llevado a las administraciones públicas a buscar en los últimos tiempos nuevos usos del patrimonio minero ligados a nuevas actividades económicas productivas y no solo relacionadas con la cultura, el turismo o el ocio. El discurso de que el pasado sirva para la reactivación económica de las cuencas mineras tiene su principal símbolo en Valnalón, el parque tecnológico de La Felguera, de 1987, que aprovecha aquella parte de la antigua fábrica de Duro Felguera que no fue derribada tras su cierre, en 1984. Esta idea se ha extendido en los últimos tiempos a la minería. El proyecto de un polígono industrial especializado en las empresas de agroalimentación en las inmediaciones del Pozu Venturo, de San Martín del Rey Aurelio, o los planes para poner en marcha un vivero de empresas tecnológicas en la antigua mina de Solvay, Siero, caminan en este sentido.

Sin magnificar lo que siempre ha sido una preocupación de minorías, algunas comarcas mineras han contado en ocasiones con actores colectivos especialmente sensibles y movilizados en defensa de su patrimonio, principalmente asociaciones vecinales y juveniles, como la ya citada Plataforma de Turón, así como el sindicato CCOO, su Fundación Juan Muñiz Zapico, IU, y en fechas más recientes Podemos, organizaciones políticas que generalmente ha mostrado mayor preocupación que el hegemónico PSOE, que ha oscilado entre la sensibilidad conservacionista y la piqueta y las demoliciones.

Los ex trabajadores de la minería han sido también por norma general más sensibles en la conservación de su memoria, que en muchas ocasiones es la de dos o tres generaciones, que los obreros de otras industrias, con una menor identificación y tradición profesional. El orgullo minero es difícil detectar en otras profesiones. Un caso singular, pero especialmente significativo es el del Grupo de Arqueología Industrial de la Asociación Minera y Cultural Santa Bárbara de Mieres, una de las asociaciones más importantes del concejo. Formado en su mayoría por ex mineros jubilados, ha sido el responsable de la rehabilitación con trabajo voluntario de elementos como el polvorín del Pozu Espinos, varias bocaminas de montaña o el cementerio calvinista de La Rebollá, fundado para dar sepultura a las familias extranjeras de credo protestante afincadas en Asturies a raíz de la revolución industrial.

Si en las comarcas mineras la idea de la conservación de la arquitectura y el paisaje se ha ido incorporando al sentido común de unas poblaciones muy orgullosas de su pasado, peor suerte que ha corrido el patrimonio de otras tradiciones fabriles asturianas. Nuevamente las villas con menor presión urbanística lo han tenido más fácil para conservar y rehabilitar su patrimonio en fechas recientes. Es el caso de la histórica azucarera de Pravia, de la Fábrica de Conservas Ortiz de Candás, o del Aguila Negra de Siero, la histórica cervecera salvada y rehabilitada como centro de empresas tras una larga y tortuosa batalla legal entre la propiedad y el Ayuntamiento, a la que pondría punto final una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias imponiendo a los dueños del edificio la obligación de conservarlo al estar catalogado.

No obstante, las demoliciones y la piqueta han llegado a toda la geografía asturiana y la conservación ha dependido en villas y pueblos también de movimientos sociales que revalorizaron un patrimonio que muchas veces se percibía por la mayoría de la población como feo, chatarra o residuo de épocas pasadas, y que la acción colectiva logró con el tiempo que pasase a ser visto como algo bello y atractivo, y sobre todo como una seña de identidad, que incluso podía convertirse en un atractivo turístico. En San Esteban de Pravia, antaño importante puerto carbonífero ligado a las explotaciones mineras de la cuenca del Nalón, fue la lucha del movimiento vecinal y posteriormente de la candidatura municipalista surgida de él, Cambio Siglo XXI, la que salvó del desguace buena parte de las grúas, tolvas y cargaderos que jalonan la desembocadura de una ría que hasta los años 60 tuvo una notable vida portuaria.

En las ciudades las pérdidas han sido grandes, y Gijón supone quizá el caso más dramático de desdibujamiento del perfil fabril de una localidad asturiana, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que la industria tuvo en la mayor urbe del Principado. El sindicalista Francisco Prado Alberdi, ex secretario general de la Unión Comarcal de CCOO señala la demolición de la Fábrica de Moreda en los años 90, de la que “no quedó ni rastro”, y en la que se destruyeron incluso máquinas del siglo XIX, como un momento traumático que le hizo darse cuenta de la necesidad de que el sindicato se implicase activamente en proteger un patrimonio que el desarrollo de la ciudad podía devorar por completo en muy poco tiempo. De esta experiencia traumática saldría el acuerdo con el Ayuntamiento para salvar las oficinas de Vicasa, último resto del complejo Gijón Fabril. El acuerdo entre el gobierno local y los sindicatos CCOO y UGT llevaría a reconvertir este edificio en un centro sindical de formación para el empleo, y que próximamente será el de albergue gijonés para los peregrinos del Camino de Santiago.

En el caso de Cristasa, también en el barrio de La Calzada, sería la iniciativa municipal la que reconvertiría esta vieja cristalería con chimenea de ladrillo en un vivero de empresas. Prado Alberdi señala que precisamente en el barrio de La Calzada el movimiento vecinal ha mostrado un mayor interés que en otros lugares de la ciudad por conservar al menos la memoria de las viejas fábricas de un barrio en el que las huellas del pasado industrial resultan hoy difíciles de rastrear. No obstante, Alberdi lamenta que la sensibilidad por el patrimonio llegase tarde a Gijón. Por el camino se produciría el derribo de muchas emblemáticas fábricas, como la de Gas, en el barrio de la Arena, en un momento en el que estas representaban el pasado, la suciedad y la contaminación de un Gijón que aspiraba a convertirse en una ciudad de servicios, cultural y turística. “No hay ningún recuerdo de las cocheras del tranvía, de la industria del vidrio, textil o de muchas otras fábricas” apunta este veterano sindicalista. Una excepción en este panorama de destrucciones es la antigua estación del Norte, cerrada en 1990 y reabierta en 1998 como Museo del Ferrocarril de Asturias.

En el otro sentido, Gijón también ha sido escenario de batallas cívicas por la conservación del patrimonio. La presión de IU, tradicional socio de gobierno local del PSOE, logró la conservación de la Ciudadela de Capua, edificada en 1877 por el indiano Celestino Solar, y rehabilitada en 2003 como espacio etnográfico para la interpretación de la historia de la vivienda y las condiciones de vida de la clase obrera gijonesa. Hoy forma parte de la Red de Museos de Gijón. Otro ejemplo es la mina de La Camocha. Fue el movimiento vecinal aliado con expertos en patrimonio y con los sindicatos CSI y CCOO, lo que salvó de la demolición esta explotación fundada en 1901 por los hermanos Felgueroso, y que sigue a día de hoy a la espera de nuevos usos que la libren del progresivo estado de degradación en el que se haya sumida. Peor suerte tuvo una iniciativa similar para conservar Naval Gijón y sus grúas. El antiguo astillero, del que solo se conserva una fachada, relativamente reciente, así como el dique seco, uno de los más antiguos de España, debería reconvertirse según el PGO aprobado en 2018 con los votos de derecha e izquierda, pero la abstención del PSOE, en un parque tecnológico de las industrias del mar. No obstante, los intereses inmobiliarios siguen presionando para construir nuevos edificios de viviendas en una parcela hoy mucho más céntrica y situada a orillas del Cantábrico, que se ha revalorizado con la playa de Poniente, inaugurada a mediados de los años 90, tras el cierre de buena parte de la industria de la bahía gijonesa, y que supone el principal atractivo de un barrio que ha recibido con la desindustrialización nuevos pobladores de clases medias y altas.

Algo de mejor suerte que el patrimonio industrial gijonés ha corrido el avilesino, aunque tampoco exento de graves pérdidas, algunas de ellas en años muy recientes. La tercera ciudad asturiana, y en la que la siderurgia y metalurgia siguen jugando un papel económico esencial, ha conservado de manera modélica su antigua Curtidora Industrial de 1903, en la actualidad hotel de empresas, así como la Fábrica de Harinas El Aguila, de 1893, Centro de Formación Ocupacional. La sensibilidad con respecto al patrimonio mostrada por el ayuntamiento avilesino entre los años 80 y 90, con proyectos de rehabilitación tan ejemplares como estos, contrasta con el desinterés mostrado en fechas más recientes hacia elementos singulares de la antigua ENSIDESA. Así, mientras los gobiernos locales se afanaron en los años 80 por salvar de la ruina un patrimonio industrial que contaba entonces con menos valoración social, en 2007, en tiempos de a priori mayor reconocimiento, optaron sin embargo por el derribo de la antigua central térmica de ENSIDESA, para la que se había especulado como posible museo de la industria. Eran los años del boom inmobiliario, y mientras gobierno local y autonómico emprendía ambiciosos proyectos de recuperación de la ría de Avilés inspirados en Bilbao y su icónico Guggenheim, se decidía paradójicamente eliminar un símbolo de la historia de la ciudad que podría haber sido reaprovechado en la reordenación de la llamada Isla de la Innovación. Frente a la decisión de Santiago Rodríguez Vega en el Ayuntamiento y Vicente Álvarez Areces en el Principado se alzó una plataforma ciudadana que logró el respaldo de colegios profesionales y expertos en patrimonio, y que defendía la reutilización del edificio en el contexto del nuevo parque tecnológico de la ciudad y del futuro Centro Niemeyer. Pese al eco mediático que llegó a conseguir el movimiento “Salvemos la Térmica”, las instituciones públicas siguieron adelante con un proyecto que supuso la voladura con cuarenta kilos de de un edificio de 1957 catalogado en la Fundación DOCOMOMO (Documentación Conservación Movimiento Moderno). Igualmente, el nuevo gobierno local ha desoído las peticiones de asociaciones, colegios profesionales, expertos y el principal grupo de la oposición Cambia Avilés, para conservar las antiguas baterías de cok de ENSIDESA, símbolo del skyline avilesino desde la década de los años 50. En contraste, las naves de Balsera, en la ría, sí han merecido una mayor atención por parte del equipo de gobierno de la socialista Mariví Monteserín, que negocia un acuerdo con la familia propietaria para transformar estos almacenes de 1910 en un centro de formación profesional.

Oviedo también ha conocido importantes destrucciones patrimoniales desde el desarrollismo hasta nuestros días, tanto en la ciudad burguesa, con algunos derribos tan contestados a nivel social como el palacete de Concha Heres, como en la ciudad popular, con el derribo y reconstrucción de la plaza del Fontán a medida de los intereses del sector inmobiliario. En cuanto a su patrimonio industrial, entre la década de los 80 y 90 se produjeron demoliciones tan importantes como las del matadero local, en el barrio de Teatinos, o la de la antigua estación del Vasco. El movimiento conservacionista contra esta demolición, en 1989, durante la alcaldía del socialista Antonio Masip, no logró frenar la piqueta, como tampoco el que se levantó en 2000 contra la destrucción de la antigua centralilla eléctrica de Ciudad Naranco, hoy recordada con un mural y con el nombre de una asociación vecinal del barrio.


A pesar de estas y otras pérdidas en una ciudad cuya desindustrialización arranca en fechas más tempranas que en el resto de Asturias, Oviedo llega a la segunda década del siglo XXI con las dos fábricas más emblemáticas de su pasado industrial casi intactas, pero en disputa con respecto al nivel de protección y los nuevos usos. La prolongada vida de la Fábrica de Armas de La Vega, hasta 2012, ya en plena crisis inmobiliaria, salvó a este recinto de 122.000 metros cuadrados, fundado en 1856, de las presiones urbanísticas de un mercado inmobiliario que los sucesivos gobiernos locales y autonómicos han puesto tradicionalmente poco empeño en controlar. De igual modo, la Fábrica de Gas, de 1858, con 12.000 metros cuadrados, se ha salvado hasta la fecha de la piqueta gracias a la combinación de movilización ciudadana y coyunturas económicas desfavorables, poco propicias a los experimentos inmobiliarios. Tras el paréntesis del tripartito de izquierdas que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019, con una decidida apuesta por la recuperación del patrimonio industrial, el nuevo gobierno derechista de coalición oscila entre los planes para una destrucción parcial de La Vega y la Fábrica de Gas, y la realización de algunas actividades culturales en la antigua fábrica de armas que han seguido dando a conocer un patrimonio que hasta la Noche Blanca de 2014 no se había abierto al gran público. Las actividades de puertas abiertas realizadas tanto por los gobiernos conservadores como progresistas, así como por una institución tan prestigiosa y poco sospechosa de izquierdismo, como la Fundación Princesa de Asturias, han contribuido a aumentar el interés y la sensibilidad de los ovetenses por La Vega, no así de un alcalde, Alfredo Canteli, que ha avalado proyectos como desviar la autopista por el recinto fabril.

La principal batalla en torno al patrimonio industrial carbayón se disputa ahora en la Fábrica de Gas. Sucesivas plataformas ciudadanas – Grupo Gas Ciudad, Foro de Urbanismo Crítico, Oviedo SOS Cultura, Fábrica de Gas e Ideas – se han ido sucediendo en defensa de la factoría que electrificó la ciudad en la segunda mitad del XIX. Tras tumbar los planes iniciales, un borrado total de la factoría, como pasó en Gijón en 1988, el movimiento ciudadano, con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Asturias, pide la modificación del llamado Plan Portela, que contempla solo una protección parcial de la factoría, y la recuperación integral del edificio, una posibilidad que llegó a estar sobre la mesa durante el gobierno local de izquierdas.

Por último, en la periferia de la capital asturiana aguarda a la espera de nuevos usos la vieja Fábrica de Loza de San Claudio, declarada Bien de Interés Cultural por el Principado tras la lucha de sus trabajadoras contra los proyectos de especulación del último dueño de la empresa, pero que se encuentra en un estado de total ruina y abandono.

Como conclusión cabe señalar que la destrucción del patrimonio industrial asturiano no se puede entender separada de la destrucción de otros patrimonios, desde las casas populares a los edificios burgueses de tantas ciudades, villas y pueblos asturianos. La combinación de especulación inmobiliaria y desinterés social han resultado letales para un patrimonio que tardó tiempo en verse como algo a preservar. Los movimientos conservacionistas asturianos, sin arrastrar nunca a multitudes, jugaron y juegan un papel clave en la revalorización de los edificios caídos en desuso, contribuyendo en no pocas ocasiones a su rehabilitación. El futuro del patrimonio industrial asturiano, tan rico a pesar de las muchas destrucciones, solo puede pasar por no perder utilidad para las nuevas generaciones y proyectarse hacia el futuro como contenedor de nuevos usos no solo museísticos, sino también culturales, turísticos, de servicios, y, ¿por qué no?, también productivos e industriales.